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(Enero 2010)
La
regulación del juego "online"
llegará en 2010 a
España. El
Gobierno español elaborará
un borrador que regulará el
juego "online"
(juegos y apuestas en Internet)
en España.
La nueva ley
deberá:
- fijar el porcentaje
en concepto de tasas que tendrán
que pagar los operadores al Estado;
- definir el marco legal que proteja
a los consumidores de estos servicios;
- fijar las reglas para que las
empresas compitan en igualdad de
condiciones... Es decir, que las
que no cumplan con los requisitos
que se redactan en el borrador para
adquirir una licencia de juego online
puedan ser cerradas. En la actualidad
sólo tienen licencia para
operar de forma legal la Quiniela,
Loterías del Estado, los
juegos gestionados por la ONCE y
los autorizados por las Comunidades
Autónomas.
En España,
el juego online
supone un 5,5 por ciento de los más
de 1.000 millones que mueve el comercio
electrónico. Al pasar a ser
un sector regulado en todo el territorio
nacional, los ingresos serán
tributados por las compañías
de juego
online establecidas legalmente
en España con sus derechos
y obligaciones. Actualmente, el sector
del juego es en España el segundo
en importancia en transacciones al
exterior, con un 11 % del total.
La futura
Ley
regulará las actividades
de juego y apuestas, en particular
las realizadas a través de
sistemas interactivos basados en comunicaciones
electrónicas. Y establecerá
un sistema de
tributación sobre los
mismos.
La
filosofía de la nueva
ley del juego online se basará
en el principio "Lo que no
está permitido, está
prohibido", según
el documento de título
"Regulación del juego.
Visión general"
(cualquier modalidad de juego
no autorizada estará prohibida)
(Enero 2010).
También se
elimina la posibilidad de desarrollar
apuestas que atenten contra "derechos
fundamentales, discriminatorios o
atentatorios de la dignidad de la
persona", aquellos que "se
fundamenten en la comisión
de hechos delictivos o infracciones
administrativas" o los "que
recaigan sobre eventos prohibidos".
Por otra parte, cuando
la norma sea una realidad, sólo
podrán hacer publicidad las
casas de apuestas o juego habilitadas,
previa autorización
del nuevo regulador
que creará
el Gobierno.
Y será el Ejecutivo español
el que otorgue estos privilegios,
que podrán requerir, además,
del permiso de la comunidad autónoma
de turno. Se garantizará un
"procedimiento concurrencial
y trasparente" para la obtención
de estas licencias. Cada modalidad
de juego requerirá de "una
licencia singular de explotación".
En todo caso, se
exigirá que el operador
sea una empresa de España o
de la UE y que cuente con un establecimiento
permanente en España. Deberá
depositar una especie de fianza, entendida
como "garantía general
de solvencia", y "garantías
adicionales" por cada tipo
de juego. Además, tendrán
que presentar un plan operativo de
la actividad.
Si pasados tres meses
de solicitar una licencia no se recibe
autorización, se entenderá
que la petición ha sido denegada.
En caso de autorización, será
necesario haber contado con la homologación
de los sistemas técnicos que
vaya a emplear la empresa. Y se exigirá
una unidad central de juegos conectada
con el regulador
que permita el registro de
todas las actividades. Los servidores,
además, deberán poder
ser controlados desde España.
Se regularán,
asimismo, sistemas de protección
para menores y otras personas
vulnerables al juego. Se arbitrará
un procedimiento de reclamaciones
ante el regulador.
Este organismo velará por proteger
al jugador de fenómenos de
dependencia y por la "integridad,
seguridad, fiabilidad y transparencia"
del juego.
En cuanto a las sanciones,
podrán adoptarse medidas como
el bloqueo de actividades ilegales,
la paralización de transacciones
financieras o la supresión
de campañas publicitarias.
Se entenderán
como infracciones
muy graves, la realización
o promoción del juego ilegal,
la manipulación de los sistemas
técnicos, la realización
de préstamos a participantes,
la manipulación de los resultados
o facilitar soporte técnico
a operadores no autorizados.
Será considerado
infracción
grave la falta de colaboración
con la inspección, hacer publicidad
no autorizada o la falta de información
a los participantes, así como
la no tramitación de sus reclamaciones.
La normalización
de esta actividad mediante la nueva
ley (para la industria de las
apuestas de la red) dependerá
en su regulación final de las
Comunidades
Autónomas.
La falta de regulación
ha perjudicado no sólo a los
ingresos del Estado, sino a las empresas
de juego tradicional, que sufrían
una competencia desleal, y también
a las firmas que operan en internet,
que de momento, continúan en
una situación alegal.
El
JUEGO en la COMUNIDAD DE MADRID
La Comunidad
de Madrid ha sido la primera
en regular al mismo tiempo las
casas de apuestas físicas
y las online.
Para conceder
licencias a las
casas de
apuestas online se les exige
que tengan una unidad central en la
región y que homologuen sus
sistemas informáticos para
permitir el control de las autoridades.
Detrás de este ánimo
regulador también late una
afán recaudatorio, ya que la
comunidad se llevará el 10
% de las ganancias. |
